Manifest de Boadilla

 

El XIV Encuentro de Entidades para la Defensa del Patrimonio Cultural, celebrado

en Madrid el pasado mes de octubre, terminó con gran éxito. Después de poner en

común “experiencias colectivas de esperanza y frustración”, las JORNADAS de

PATRIMONIO CULTURAL Y SOCIEDAD organizadas por “Madrid Ciudadanía y

Patrimonio” y “SOS Monuments” concluyeron con la responsabilidad de redactar

este MANIFIESTO DE BOADILLA, que cuenta con el apoyo de todas las

entidades participantes, y está abierto a otras similares que quieran sumarse al

mismo. No se trata de un compendio sobre el patrimonio, tan solo de las

inquietudes más graves y urgentes que reclaman los distintos colectivos.

Colectivos y asociaciones que, reunidos en Defensa del Patrimonio Cultural de

España, tenemos la voluntad de constituirnos en una Federación Nacional de

Asociaciones que pueda actuar de interlocutora ante las administraciones, y que

se manifiestan a favor de la urgente necesidad de la conservación, difusión,

promoción y educación en Patrimonio Cultural por parte de la totalidad de la

ciudadanía.

MANIFIESTO DE BOADILLA

• Denunciamos el incumplimiento sistemático por parte del Estado y de las comunidades

autónomas de las leyes estatales y autonómicas en defensa del Patrimonio Cultural, y

expresamos la exigencia de que dichos organismos acaten obligadamente su propia

legislación.

• El concepto de Patrimonio Cultural es cambiante a lo largo del tiempo, y se enriquece

con nuevos criterios que vienen a complementar los tradicionales. Así, en los últimos

años se ha comenzado a valorar el patrimonio industrial, el inmaterial, el paisajístico y las

infraestructuras y tramas (físicas o no) que vertebran un territorio. Las administraciones

públicas deben estar atentas a estos cambios de sensibilidad para establecer la

legislación correspondiente que permita su adecuada valoración y protección.

• La protección del Patrimonio Cultural contra el expolio es una obligación establecida en

la Constitución y ratificada por diversos convenios internacionales, que debe ser

secundada por todas las administraciones públicas en cualquiera de sus niveles de

actuación. El Ministerio de Cultura debe tener por añadidura un papel destacado en la

defensa de ese Patrimonio, coordinando y liderando la investigación en la materia y

disponiendo de especialistas y técnicos del más alto nivel. Su actuación no debe limitarse

a la simple defensa de los Bienes de Interés Cultural declarados por las distintas

administraciones, sino al fomento de su aprecio por la ciudadanía y de la participación

comunitaria en su gestión.

• Manifestamos la necesidad de que el poder judicial tenga un papel protagonista en la

defensa del Patrimonio cuando el resto de las administraciones planteen actuaciones que

dañen bienes culturales, estén o no estén catalogados, pues acudir a la justicia es un

derecho ciudadano para evitar las arbitrariedades contra los bienes culturales. Por tanto,

jueces y fiscales habrán de controlar con carácter efectivo la legalidad de las políticas

patrimoniales y urbanísticas de las administraciones, así como su aplicación. Solicitamos

para ellos la sensibilidad y la formación especializada que exige el artículo 46 de la

Constitución; y apostamos por una fiscalía específica de Patrimonio y Urbanismo.

• El estudio, la conservación y rehabilitación de los bienes culturales deben ser realizados

por profesionales especializados: historiadores, arqueólogos, conservadores restauradores

y arquitectos con formación y experiencia en Conservación-Restauración.

Resulta aconsejable el fomento de equipos interdisciplinares. Es imprescindible delimitar

por ley quiénes pueden realizar y ejecutar estos proyectos, atendiendo a criterios

técnicos y no sólo a criterios económicos. Manifestamos que debe revisarse la Ley de

Contratos del sector Público, erradicarse de la administración los concursos con bajas

económicas temerarias y que el Código Técnico de la Edificación (CTE) debe adaptarse a

la legislación de Patrimonio Cultural.

• Advertimos que el patrimonio arquitectónico en general está en peligro, incluyendo los

cascos antiguos, los centros históricos protegidos y la arquitectura popular de todo tipo,

con ayuntamientos que practican políticas urbanísticas que amparan el expolio a favor de

los intereses particulares (promotores y constructores, a veces vinculados al turismo) y

en contra del interés público y el bien común. A la legislación vigente hay que sumar

como referencia ineludible el Informe Auken sobre el impacto de la urbanización

extensiva en España (2009), y la aplicación de los Convenios para la protección del

Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico, del Paisaje y a favor de la sociedad,

promovidos por el Consejo de Europa y suscritos por nuestro país -y por tanto de

obligado cumplimiento-. Estos convenios deben ser instrumentos de uso habitual en el

Ministerio de Cultura, en las Direcciones Generales de Patrimonio de las Comunidades

Autónomas y en los Ayuntamientos.

• Pedimos un planteamiento reflexivo y serio por parte de las instituciones universitarias y

gubernamentales para el tratamiento específico del Patrimonio Etnográfico y Etnológico

(material e inmaterial) en todos sus ámbitos (museográficos, históricos y sociológicos)

considerándolo en igualdad de relevancia y valor patrimonial -a todos los efectos- que el

resto de los Bienes Culturales; así como la valoración de los conocimientos aportados por

las clases populares (rurales y urbanas) como parte de los procesos de evolución y

transformación general de la sociedad. Se observa la necesidad de realizar

investigaciones o recopilaciones urgentes de oficios tradicionales, formas de vida, juegos,

tradiciones festivas, religiosas, etc., pues las personas que los conocen o los han vivido

están muriendo y todas esas formas de vida con ellos.

• El valor crematístico de un bien con interés patrimonial pertenece a su legítimo

propietario, pero su valor cultural pertenece al conjunto de la sociedad y –por tanto debe

ser conservado y defendido en pro del interés común por las administraciones

públicas y por la ciudadanía en general. La ley debería recoger una exigencia normativa

por la cual cualquier edificio con valor histórico -especialmente si es de titularidad

pública- no pueda ser abandonado o vaciado de su uso tradicional sin que previamente

se haya determinado su nuevo uso o, en todo caso, se concreten las actuaciones o

medidas que se tomarán para asegurar su conservación. Las autoridades administrativas

deben revisar los acuerdos con los propietarios privados de bienes culturales para llegar

a conciertos que mejoren, de acuerdo con la ley, las condiciones de acceso al público

(días y horas de apertura).

• Manifestamos el deseo de colaborar en la reversión de los bienes histórico-artísticos

inmatriculados por la iglesia católica a la situación inmediatamente anterior a 1978, por

ser bienes de dominio público.

• Las asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro y con una trayectoria contrastada en

defensa del Patrimonio deben tener un papel activo a la hora de promover los

expedientes administrativos conducentes a la protección de ese Patrimonio. Su opinión

deberá ser tenida en cuenta obligadamente por todas las administraciones públicas y

deberán ser oídos en los órganos consultivos de las distintas CCAA. Del mismo modo, las

iniciativas y solicitudes de protección legal de un bien deberán ser respondidas

expresamente por las distintas administraciones a quienes se dirijan. El Patrimonio

Cultural es un recurso comunitario no renovable y, por tanto, no resulta aceptable la

indiferencia. Las administraciones públicas deben impulsar de forma decidida el tercer

sector -de patrimonio histórico- facilitando medios y recursos a dichas asociaciones o

entidades ciudadanas.

• Las administraciones deben estar obligadas a valorar los informes fundamentados

elaborados y/o presentados por las asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro que

buscan la protección de un bien patrimonial. No puede ser que estos informes

fundamentados sean contrarrestados por informes “de parte” -o incluso “de

complacencia”- encargados por los propietarios de esos bienes o por los entes afectados,

y a veces hasta emitidos desde la propia administración, que actúa así como juez y parte.

• La creciente despoblación y gentrificación en la España interior implican que el Gobierno

estatal y las Comunidades Autonómicas deben habilitar medidas explícitas

extraordinarias para evitar la pérdida de Patrimonio, tanto en recintos históricos como

en las zonas rurales. Apostamos para que se dote una plantilla de “Guardas de

Monumentos y Agentes de Protección del Patrimonio”.