Conclusions definitives de la XVI Trobada d'associations de defensa del Patrimoni a Saragossa. Maig 2021

XVI ENCUENTRO DE ASOCIACIONES EN DEFENSA DEL PATRIMONIO, ZARAGOZA, MAYO 2021

ASOCIACIONISMO: PROBLEMÁTICAS Y CONCLUSIONES

HACIA UNA UNIÓN O FEDERACION DE ASOCIACIONES

Las asociaciones y personas especialistas en patrimonio cultural que aquí figuramos tenemos la firme voluntad de constituirnos en una Federación/Unión de asociaciones para comenzar a impulsar relaciones a nivel nacional con los responsables del Ministerio de Cultura, Bellas Artes y Patrimonio, así como con los grupos políticos y el Congreso de Diputados en Madrid y con todos aquellos agentes que consideremos oportuno en defensa de la legítima defensa del patrimonio cultural nacional

La defensa del patrimonio cultural y del paisaje , es una necesidad no puede ser una causa perdida. Dada la situación de cambio climático que sufrimos a este respecto es obligación de nuestras asociaciones tomar conciencia que en ello nos va en buena parte de la supervivencia como especie. Sin lugar a dudas, la conservación del patrimonio puede colaborar al equilibrio medioambiental que necesitamos, sostenibilidad y ecoeficiencia

PRINCIPIOS PROGRAMÁTICOS

Todas las asociaciones participantes en este encuentro nos consideramos los “ojos del territorio”, en defensa del patrimonio y a favor de la ciudadanía. Nuestras asociaciones están formadas por personas de diversos ámbitos y clases sociales, independientes y sin ánimo de lucro y contamos con profesionales multidisciplinarios de larga trayectoria, conocimiento del territorio y experiencia en la defensa del patrimonio cultural demostrada en las veinte ponencias presentadas en el XVI Encuentro de Asociaciones celebrado en Zaragoza, mayo 2021.

Defendemos un posicionamiento ético del patrimonio, a favor del bien común, la comunidad, pues estamos firmemente convencidos de que es lo que representan los bienes culturales; especialmente trabajamos en contra de la especulación urbanística y por tanto a favor de un hábitat digno y en armonía que ayude a elevar la calidad de vida de la Comunidad, en cualquiera de las acepciones del patrimonio. Todo ello visto desde la perspectiva actual de sostenibilidad, medio ambiente y menor huella ecológica dada la perspectiva de cambio y emergencia climática que estamos viviendo. La defensa del patrimonio la vemos en una perspectiva de necesidad y de emergencia, a favor de nuestros hijos y nuestros nietos, como herencia que recibimos y de la que solo somos depositarios, en oposición a una economía centrada en el neoliberalismo a ultranza y en el endeudamiento progresivo.

Es imprescindible una verdadera toma en consideración de las aportaciones de la sociedad civil y de la participación ciudadana, constituidas a veces en Comunidades, a favor del patrimonio cultural, muchas veces en contra de los criterios y silencios de las Administraciones Públicas, colegios profesionales y academias, así como, con frecuencia, de los medios de comunicación. Es unánime el sentimiento de desprecio, el silencio, que a nuestra labor cotidiana sentimos las asociaciones. Para ello, es obligatorio la aplicación de los artículos 23 y 29 de la Constitución Española, sobre la participación y el derecho de petición individual de los ciudadanos y del Convenio Marco de Faro (2005) sobre el “Valor del Patrimonio cultural para la sociedad”, ratificado por España el 18 de diciembre de 2018, donde se subraya “que el objetivo de la conservación del patrimonio cultural y de su uso sostenible es el desarrollo de las personas y la calidad de vida”.

EDUCACIÓN

Necesitamos que se modifique la educación en su conjunto, reglada y no reglada, en la que debemos participar todos: los profesionales y la sociedad en general, los grupos locales de patrimonio, de tal forma que se puedan también establecer unos vínculos entre unos y otros, en las denominadas Comunidad de Patrimonio, recogidas en el convenio de Faro. En la educación reglada los estudiantes deberán recibir formación adecuada en temas de urbanismo, tales como los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y de patrimonio cultural, incluidos los catálogos. No hay defensa del patrimonio sin una sociedad con unos mínimos conocimientos, a fin de que los habitantes lo vivan en consecuencia lo respalden y lo respeten. La sociedad debe entender el valor del patrimonio como identidad propia, memoria, antigüedad y su valor único y que como tal hay que CONSERVARLO Y MANTENERLO. Todo ello es imprescindible para su adecuado uso y en particular el de la España Vaciada, en parte en proceso de desintegración. Es necesario fomentar una unión general entre profesionales, expertos, amateurs y grupos locales, sin excluir a nadie, en especial teniendo en cuenta el conocimiento y las opiniones de los habitantes del territorio.

Nos reafirmamos en la necesaria profesionalidad pero rechazamos cualquier tipo de elitismo sea intelectual, económico, o grupal, porque si en nuestra materia somos conscientes de que el conocimiento profesional es imprescindible también lo es la presencia de los colectivos vecinales que lo hacen posible. La suma de unos y otros nos permitirá hacer frente a una administración oxidada y tantas veces corrupta^[1]. No corren vientos favorables.

INMATRICULACIONES

Es necesario recuperar los bienes que la Iglesia católica ha inmatriculado en virtud de la modificación de la Ley Hipotecaria en 1946 y, muy especialmente, de la reforma de Aznar de 1998. Inmatriculaciones inconstitucionales desde 1978, opacas e ilegitimas en todo su período de vigencia: 1946 a 2015.

Sería de interés impulsar un estudio comparativo entre la restauración y la rehabilitación de la arquitectura privada-religiosa y el de la arquitectura pública-civil, desde 1978-2021 porque entendemos que la inversión en la arquitectura religiosa ha ido en detrimento de la arquitectura civil en España, pública y privada.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO y URBANISMO

Las asociaciones de patrimonio tenemos mucho que decir y aportar sobre educación, urbanismo, catálogos, ordenación del territorio, paisaje cultural, incluidas las vías pecuarias y los caminos públicos, y sobre la vivienda y los entornos a conservar, tanto de los centros históricos como de los cascos urbanos y rurales, catalogados o sin catalogar.

Deseamos impulsar la toma de conciencia por parte de las asociaciones de patrimonio de participar en los estudios de impacto ambiental (IEA), en defensa del patrimonio material e inmaterial en el paisaje urbano y especialmente el del medio rural, porque están en peligro, como nunca se había visto antes, como consecuencia de la política económica arrolladora del capital acumulado por las grandes corporaciones, granjas agropecuarias y de alimentación, y ahora, especialmente, con las nuevas energías renovables en un paisaje a menudo privilegiado (instalaciones de eólicas y fotovoltaicas sin discriminación, ni estudio, ni guía de buenas prácticas que a priori avale la idoneidad de la actuación).

Denunciamos malas praxis tanto en la destrucción como en la restauración del patrimonio cultural algunas de ellas derivadas de la aplicación de las leyes del suelo y urbanismo (vaciamientos, derribos injustificados, declaraciones de ruina, descatalogaciones, entornos desprotegidos…). Rechazamos derribos arbitrarios y apostamos por una conservación consensuada de la arquitectura histórica, tanto monumental como vernácula, en beneficio de los habitantes estables o visitantes, presentes y futuros. No debemos olvidar que los edificios históricos de uso religioso, especialmente en el medio rural, están en su inmensa mayoría inmatriculados y abandonados por quienes se arrogan su titularidad.

No se puede demorar la asunción de la tutela del legado histórico urbano y rural de manera decidida, de forma que su protección sea burlada continuamente a través de la gestión urbanística municipal.

ESPAÑA VACIADA.

Las asociaciones miramos con preocupación hacia la España Vaciada, la previsión de la desaparición práctica de muchos de los pueblos y por tanto, de no evitarse, también de su patrimonio. Y nos preguntamos ¿cómo lo abordamos y qué podemos aportar?

La deficiente ordenación del territorio y de un urbanismo arbitrario con nuestros edificios históricos, ha conllevado, o está conllevando, a que una buena parte del país pueda ser expoliado, como ya lo está siendo a base de robos, ruinas y demás actuaciones contrarias al medio ambiente y a la cultura. En la medida que nos sea posible, las asociaciones de patrimonio debemos de ser sensibles y participar en nuevas temáticas: Estudios de Impacto ambiental (IEA), de Medio ambiente y patrimonio.

En la medida que nos sea posible, las asociaciones de patrimonio debemos de ser sensibles y participar en nuevas temáticas: Estudios de Impacto ambiental (IEA), de Medio ambiente y patrimonio.

Cabe también impulsar y exigir algunos protocolos para defensa de estos territorios a través de la elaboración de mapas de riesgo, guías de buenas prácticas y la presencia de agentes de patrimonio cultural y de la guardia civil.

CATÁLOGOS

Los catálogos de patrimonio cultural es ejemplo de la muy deficiente conexión entre la legislación urbanística, con sus catálogos municipales incluidos en los PGOUs[2], y la legislación que procede de las direcciones generales de patrimonio, legislación sobre patrimonio, también con sus propios catálogos de protección del patrimonio cultural, lo que conforma el denominado censo de patrimonio, o término similar. Urge que la población tenga una formación básica en el tema del planeamiento urbano y de la protección del patrimonio y que participe en la elaboración de los mismos y en las exposiciones públicas. Para ello hay que impulsar las citadas Comunidades de Patrimonio.

El primer deber básico en patrimonio es el de MANTENIMIENTO. El Catálogo Urbanístico constituye no sólo un registro informativo que debiera ser público, y no lo es, sino también un instrumento del planeamiento urbanístico al que el catálogo se asocia que no debería dar la espalda a la normas patrimoniales. Es imprescindible el establecimiento de un marco legal para el patrimonio urbano y rural que se caracterice por las buenas prácticas en conservación y mantenimiento y por la condena del abandono planeado o negligente. En las rehabilitaciones en ningún caso debería autorizarse al vaciamiento de los edificios.

Los catálogos están relacionados con el poder ejecutivo, las administraciones. En la práctica, los catálogos son refugio del manoseo y de la manipulación de los bienes inmuebles. Parar de una vez por todas los derribos y las ruinas es básico para entender esta situación de penuria en defensa del patrimonio. En ello está una de las claves de la situación de los centros históricos, de los bienes catalogados o sin catalogar, en el medio urbano y el medio rural, lo que nos lleva al problema del acoso que sufre los inmuebles – especialmente la vivienda en general-, y la histórica y vernácula, o popular, en concreto. En consecuencia, vemos con dolor el papel de la administración a la hora de proteger el patrimonio de todos pues en la práctica abunda la desprotección, urbanismo de los ayuntamientos (el papel de los arquitectos municipales, desconocen el valor de patrimonio por falta de formación y conocimientos, también ) y de las direcciones generales de patrimonio de las comunidades autónomas. Avergüenza en muchos casos lo que podría considerarse, demasiadas veces, una corrupción sistémica (que lo vemos en los juzgados) y el expolio institucionalizado. En esa línea, cabe citar el titular de Javier Rufino, Fiscal de Medio ambiente y Patrimonio de Sevilla, ABC 16 de agosto del 2020: «Con estas leyes sale barato dañar y expoliar el patrimonio histórico»[3]. En conclusión, desde el punto de vista de la sostenibilidad debemos de pasar de la arquitectura monumental a la defensa de la arquitectura en general, a la conservación en general, como sistema de sostenibilidad de futuro^[4].

Reivindicamos la importancia de conservar los edificios vinculados a personalidades señeras de nuestras artes, ciencias y letras, porque seguimos viendo con estupor cómo se arruinan o no se reconocen como edificios protegidos la vivienda unifamiliar de Santiago Ramón y Cajal en el Retiro madrileño, recientemente trasformada en un residencia de apartamentos de lujo; villa Velintonia, la casa de la Poesía, de Vicente Aleixandre, premios Nobel de Medicina y de Literatura, respectivamente, a pesar, incluso, en el caso de Aleixandre de los ímprobos escuerzos de las Asociaciones que lleva su nombre. En Aragón reivindicamos la vivienda donde nació Baltasar Gracián, en Belmonte de Gracián, 1601, a la venta, sin que ninguna institución se haga cargo de ella. Incluimos la solicitud de BICN (Bien de Interés Cultural Nacional) de la Escuela Industrial de Barcelona, recinto de cuatro manzanas del ensanche de la ciudad, testigo de la vida educativa y de amalgama de edificios de nueve arquitectos de renombre con edificios singulares en cien años de vida y existencia. Así mismo, apoyamos el texto de 2021 a favor del XIX día regional del Patrimonio, “Por la autenticidad e integridad de El Bosque de Béjar”. Dichos textos los ponemos a disposición de los medios de comunicación.

En lo que se refiere al reciente caso destapado del retrato del marqués de Villanueva del Duero, de Francisco de Goya, manifestamos nuestra total censura y repulsa a la actuación de todos los organismos oficiales, encargados de la vigilancia del patrimonio español: Comunidad de Madrid, Ministerio de Cultura y, el más grave, Museo del Prado, por la dejación de sus funciones. Ninguno cumplió con su obligación de iniciar un expediente de catalogación como Bien de Interés Cultural para una obra de tal relevancia. Igualmente, rechazamos el papel de asesoramiento de la casa de subastas Sotheby’s aconsejando que se ocultara el valor artístico de la obra.

REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA.

Nuestras asociaciones deberíamos estar atentas a las aportaciones económicas del Consejo de Europa pues estamos entrando en un periodo de rehabilitación masivo a favor de la rehabilitación de la vivienda para adaptarse a los parámetros de las nuevas energías y sostenibilidad, según programa de las Naciones Unidas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2030. Ahora bien, no conocemos que se tenga en cuenta específicamente a la arquitectura histórica lo que puede conllevar, en parte, a una destrucción masiva de los valores intrínsecos de la misma.

Es necesario impulsar la coordinación de la legislación vigente a favor de la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio: leyes de Patrimonio Cultural; Urbanismo; Suelo; Vivienda; Vivienda y Rehabilitación y de Ordenación del Territorio. También el Código Técnico de la Edificación (CTE) tiene que ser compatible con la conservación del patrimonio.

LEGISLACIÓN

Observamos un gravísimo y reiterado incumplimiento de la legislación de patrimonio cultural (legislación internacional, nacional, autonómica y local), del procedimiento administrativo y de las medidas jurídicas y judiciales por parte de las Administraciones Públicas en todos los niveles. Esto significa el abuso de las prerrogativas administrativas sobre las asociaciones de patrimonio.

La consecuencia del silencio administrativo como respuesta es que es “desestimatorio” y supone que, en la práctica, deja sin la posibilidad de contra argumentar y defender nuestras pretensiones. Al cerrar la puerta a esta posibilidad, solo queda iniciar un procedimiento contencioso administrativo, proceso muy lento, caro y muy penoso para cualquier asociación de nuestras características, fundamentadas en el trabajo voluntario y altruista de sus socios. En definitiva, se produce una gran inseguridad jurídica provocada por las decisiones administrativas en las que se evidencia una falta de control y de impunidad.

Es urgente la reforma de las leyes de patrimonio cultural, tanto la nacional como las autonómicas, para que contemplen las normas internacionales y europeas, en particular convenciones, directivas, cartas y otros instrumentos que España ha ratificado y que deben informar el contenido general de leyes de patrimonio.

Del mismo modo, es imprescindible que incorporen los tipos de patrimonio olvidados (industrial, etnográfico, paisaje, inmaterial, mueble, caminos y vías pecuarias…).

Como referencia de los desmanes urbanísticos, citaremos el INFORME HAUKEN, 2009, Consejo de Europa, sobre los terribles abusos urbanísticos que han tenido lugar en España. El tema ya tendría que haber sido motivo de debate nacional hace 12 años, con la crisis desatada 2008, reflejo del mal gobierno consolidado. Nada de ello se hizo, seguimos en ese mismo sistema, y arrecian tempestades.

Deben incorporarse y llevarse a la práctica a nivel del estado los convenios europeos, de obligado cumplimiento: Granada (1985-1989), Valeta (1992-2011), Florencia (2000-2008) y Faro (2005-2019), sobre arquitectura, arqueología, paisaje y sociedad, respectivamente, de obligado cumplimiento en España, que todos conocemos pero su práctica debemos exigirla a la administración en apoyo a nuestras reivindicaciones[5]. Es una realidad que ni se cumplen los convenios marcos europeos ni tampoco se aplica el concepto de Conservación Integrada recogido en el Convenio para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico, Granada 1985 (1989, ratificado por España) y ya definido desde 1975 en la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico.

Una vez enumerado los convenios, informes, cartas de nivel europeo, a nivel nacional a día de hoy contamos con una herramienta más cercana a la sociedad. “El informe técnico de edificios”, también conocido como ITE, es un documento oficial que expide un Profesional Técnico titulado y colegiado con el fin de conocer el estado de conservación de un inmueble de tipo Residencial o de Bloque de Viviendas.

Se realiza con fines de seguridad, para esto, tenemos que acudir a la normativa estatal, LEY 8/2013 del 26 de junio. Esta normativa hace referencia a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Dicha ley establece los siguientes casos, algunos de ellos obligatorios a la hora de realizar una inspección técnica de edificios, la cual es plasmada en un Informe Técnico de Edificios. En el caso de edificios que tengan una antigüedad superior a los 50 años la Inspección Técnica de Edificios es obligatoria para conocer en qué estado se encuentra el edificio y si será necesario hacer alguna intervención sobre el mismo. Se debe cumplir en todos los edificios y a partir de la primera Inspección Técnica cada 5 años se puede llevar un control de su antigüedad. En este Informe el técnico describe y certifica el estado de conservación, la situación constructiva, patologías, lesiones y las instalaciones de un edificio, entre otras cuestiones, es decir su estado general.

En este documento, también se describe y recoge toda la información relativa al inmueble e introduce un apartado sobre el comportamiento energético para poder mejorar este aspecto y su finalidad es conocer el estado de conservación de un inmueble de tipo residencial.

En CONCLUSIÓN, esta herramienta con la que contamos se debe realizar y hacer cumplir en toda la geografía del conjunto de España como instrumento de mantenimiento, prevención, vigilancia y mapeo del parque construido existente.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO

Es imprescindible una reforma profunda de las Comisiones Provinciales de Patrimonio tanto en las direcciones generales como en urbanismo de los ayuntamientos. Faltan en su composición más técnicos especialistas con formación (historia del arte, historia general, arqueología, conservación, restauración, rehabilitación, patologías edificatorias…) y no deberían formar parte de ellas los cargos de designación política, ni personal designado por la administración sin formación específica. Es decir, hace falta una profesionalización e independencia a ultranza de los miembros de la Comisión, sin que la administración pueda contar con la mayoría de los componentes.

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

Necesitamos la reforma del Código Penal, en tanto que los delitos contra el patrimonio son tipificados como actos vandálicos y no son perseguidos legalmente al asignarles una categoría que impide una sanción penal.

PROFESIONALES TITULADOS Y FORMACIÓN ARTESANAL

Observamos a menudo malas praxis tanto en la intervención de bienes inmuebles como muebles, algunas de ellas derivadas de la aplicación de las leyes del suelo y urbanismo (ITES incompletas, derribos injustificados, declaraciones de ruina, descatalogaciones, entornos desprotegidos…) y otras por falta de formación específica e intervenciones no profesionales.

Hay necesidad de profesionalizar las actuaciones relacionadas con el patrimonio tanto en los informes de expertos como en la conservación y restauración. La presencia de equipos interdisciplinares debería ser obligatoria en todas las instituciones y organismos encargados de la gestión y protección de bienes culturales de valor histórico-artístico, así como en todos aquellos planes o programas que afecten a los mismos.

Es ineludible la recuperación de los oficios artesanales. Como referencia citaremos el Centro de Oficios del Ayuntamiento de León, excelente referente, y como ejemplo su actividad en Valcavado sobre carpintería de armar.

Citaremos el Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional que tiene como fin promoverla en España y Portugal, como referente de probada validez para la arquitectura de nuestro tiempo, tanto en la restauración de monumentos y conjuntos urbanos de valor histórico artístico como en la realización de obras de nueva planta que, basadas en las tradiciones locales, sean capaces de integrarse armónicamente en dichos conjuntos.

MECENAZGO Y MICROMECENAZGO

El mecenazgo en España se encuentra casi circunscrito a las posibilidades que ofrece la Ley de Mecenazgo actualmente en vigor, fundamentalmente centradas en beneficios fiscales, y utilizadas en mayor medida por grandes corporaciones y grandes patrimonios privados. Esta realidad limita las posibilidades de la participación ciudadana, hecho que se añade a la ausencia de cultura de mecenazgo en nuestro país. Resulta una necesidad perentoria aplicar fórmulas de mecenazgo para la puesta en valor y recuperación del patrimonio cultural. Ejemplos existen tanto en el ámbito anglosajón (Gran Bretaña y Estados Unidos) como continental (Francia e Italia), que pueden mostrar algunos de los caminos que se podrían adaptar para el caso español.

Un instrumento que se ha demostrado exitoso para facilitar la participación ciudadana en el cuidado del patrimonio es el micromecenazgo. Su fórmula flexible permite articular muy diversos grados de contribución y participación, y sus posibilidades de desarrollo en España son infinitas. Esto resulta especialmente notorio a la hora de desarrollar proyectos específicos en ámbito rural. Las asociaciones pueden desempeñar un papel importante a la hora de identificar tales proyectos. Las experiencias que se han desarrollado recientemente en España han tenido resultados positivos, y esto no hace sino confirmar las posibilidades de desarrollo de dicho instrumento de forma masiva.

RECURSO ECONÓMICO

Es indudable que el patrimonio cultural es un recurso económico generador de riqueza y de mejores condiciones de vida y, muy especialmente en el medio rural. Ahora bien, si bien su gestión debe ser rentable también debe tener presente la importancia, protagonismo y beneficio para sus habitantes. El patrimonio es un recurso rentable y así debe ser percibido por la población rural y ello permitiría su gestión sostenible por ser ella la primera beneficiaria.

La iniciativa privada es fundamental a la hora de tratar la conservación y el futuro del patrimonio. Resulta evidente que las administraciones públicas no tienen capacidad suficiente para el cuidado y mantenimiento del ingente patrimonio artístico del país, por razones presupuestarias o criterios muchas veces propios a la dinámica e inercia de funcionamiento de dichas administraciones.

El futuro del patrimonio en España debe ir de la mano de la participación activa de agentes privados; asociaciones y foros ciudadanos, pero también proyectos basados en la gestión rentable y respetuosa del patrimonio. Ejemplos exitosos hay sobrados en países de nuestro entorno y de importante riqueza patrimonial. Tales modelos de tipo mixto, en las que frecuentemente se desarrolla la colaboración público-privada, deben ser orientativos a la hora de promover una intervención en el patrimonio para convertirlo en un recurso económico, especialmente en zonas deprimidas de la España rural, en las que deben actuar como vectores de desarrollo. El discurso político vigente y la futura dotación de importantes partidas presupuestarias para proyectos de desarrollo en tales ámbitos indican que este es el momento propicio para dichas iniciativas.

PRENSA

Constatamos también una difícil relación de las asociaciones que representamos con los medios de comunicación por cuanto, a menudo, ignoran cualquier planteamiento de la sociedad civil. Es unánime entre las asociaciones el sentimiento de ninguneo de los medios nacionales y regionales a nuestras peticiones, noticias y denuncias y la realidad es que nuestras aportaciones y reivindicaciones no salen en la prensa de mayor difusión, pero sí sale en los medios alternativos y en las redes sociales como Instagram, twitter, face book, y televisiones autonómicas en algunas comunidades.

PARQUES EÓLICOS

Asistimos impávidos a una expansión y redacción salvaje de proyectos de implantación de parques eólicos proyectados sin planificación alguna, sin informes ambientales independientes (solo los aportados por las propias empresas constructoras), sin la participación de la sociedad civil y los vecinos afectados, dando lugar a una opacidad absoluta en los procesos licitatorios y de adjudicación, a un incumplimiento fragrante de las leyes patrimoniales, ambientales y de ordenación territorial, en definitiva, a una corrupción administrativa sin precedentes y una burbuja especulativa a la que han colocado etiquetas como “energía verde” “sostenible” “creación de puestos de trabajo” “futuro para el mundo rural”, palabras sometidas a un abuso y manoseo nauseabundo, con las que los políticos y las administraciones públicas pretenden dotar de una pretendida legitimidad lo injustificable.

Nos encontramos con proyectos ya aprobados ante los que de nuevo la única opción es ir al procedimiento contencioso administrativo.

Mayo, 2021

Asociaciones y entidades representadas en el XVI Encuentro de Asociaciones de Zaragoza, mayo 2021.

Ámbito Nacional:

– ARCOVE. Asociación para la Restauración-Conservación de Vidrieras de

España;

-Coordinadora Recuperando;

-Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama (Madrid);

Andalucía:

-Amigos de la Alcazaba de Almería;

-AHRO, Asociación Histórica Retiro Obrero, Sevilla;

-Asociación Ben Baso, Sevilla;

– Amigos de la Alcazaba de Almería;

-ADEPA. Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Andalucía;

– Málaga Rec

Aragón:

-APUDEPA, Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio aragonés,

-Asociación Amigos del Serrablo (Huesca);

– AZAFT, Asociación de Zaragoza de Ferrocarril y tranvías

Baleares:

ARCA, Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos de Illes Balears,

Castilla-La Mancha

Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego;

Castilla y León:

-Federación por el Patrimonio de Castilla y León;

– Amigos del Patrimonio de Segovia;

Cataluña:

-Sos Monuments

Comunidad de Madrid:

-Sociedad Caminera del Real del Manzanares;

Valencia:

-Círculo por la Defensa del Patrimonio, Valencia;

Otros, a título individual:

-Observatorio del Patrimonio Español,

-Patrimonio Industrial Arquitectónico,

-Arte en Ruinas (Extremadura) y

– @casadepueblo (Aragón)

[1] JOAN ROMERO / CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA HUMANA “No hay diferencia de color político en el despilfarro del dinero público”, El País, 6-2019. Joan Romero coordina el libro ‘Geografía del despilfarro en España’ que revela la baja calidad institucional de un país que ha derrochado 80.000 millones de euros en 20 años.

[2] Planes Genrales de Ordenación Urbana

[3] [3] https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-fiscal-javier-rufino-estas-leyes-sale-barato-danar-y-expoliar-patrimonio-historico-202008160822_noticia.html

[4] Estamos entrando en una etapa de decrecimiento. Hay muchos bienes de interés cultural que no están tan siquiera protegidos y si lo están es como si no lo estuvieran pues o son desconocidos, o están en las conocidas Listas Rojas y Negras (Hispania Nostra) o se hacen actuaciones negligentes.

[5] La fechas recogidas entre paréntesis representan el año que suscribió el Convenio el Consejo de Europa y la segunda fecha el año que España lo ratificó.